Saturday , 23 June 2018

Abierto el plazo para presentar aportaciones al impuesto sobre Garoña para recaudar 10 millones

La Junta de Castilla y León ha abierto este lunes el plazo para presentar aportaciones a la ley que establezcerá un impuesto para gravar el almacenamiento de los elementos combustibles gastados en las instalaciones de la central nuclear de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos), con el que estima una recaudación de diez millones de euros este año que servirán para financiar actuaciones de reindustrialización e inversión en los municipios de la comarca situada en el entorno de la planta. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha argumentado que «el depósito de residuos es algo que puede afectar al medio ambiente, por lo que las empresas que generen esta contaminación tendrán que pagar el impuesto». Además, ha detallado que se trata de la modificación de una ley ya existente que grava los aprovechamientos del agua embalsada, los parques eólicos y las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. El anteproyecto de ley de modificación del impuesto sobre la afección medioambiental regulado en el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, está colgado desde hoy en el Gobierno Abierto y se pueden realizar aportaciones hasta las 14 horas del próximo 7 de marzo. Este impuesto somete a gravamen el impacto medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. «La experiencia en la aplicación del impuesto y la conveniencia de adaptarlo a la actual situación de las instalaciones situadas en la Comunidad susceptibles de afectar al medio ambiente hacen necesario incorporar al impuesto el almacenamiento temporal de residuos radioactivos», destaca. El texto incorpora un nuevo apartado relativo a que la cuota tributaria en el gravamen sobre las centrales nucleares es de 4.000 euros por cada elemento combustible almacenado, y su aplicación prevista es para el año 2018. El graven responde «al interés general de protección del medio ambiente afectado por el depósito de residuos radiactivos», y busca «una gestión eficiente de los recursos públicos». En su tramitación se ha posibilitado que los potenciales destinatarios tengan una participación activa a través de la consulta pública en el portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León y la realización de los trámites de audiencia e información pública.
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