Acuamed contrató por 405.000 euros a la firma investigada por la financiación del PSPV

Empresas del mismo grupo para limitar la concurrencia pública y fraccionamiento de contratos. La investigación judicial abierta por la presunta finaciación ilegal del PSOE valenciano ha puesto el foco en dos contratos que sumaron un importe de 405.000 euros adjudicados finales del año 2007 por Acuamed, la empresa pública creada por el Gobierno de José Luis Zapatero para desarrollar su plan de construcción de desaladoras. La empresa adjudicataria fue Crespo Gomar S.L., la agencia de comunicación que contrató el PSPV-PSOE para la campaña electoral de aquel año y que, según se investiga, podría haber facturado servicios al partido de cuyo pago se habrían hecho cargo terceras empresas mediante la confección de facturas falsas. A cambio de estas supuestas prácticas irregulares, Crespo Gomar habría resultado adjudicataria de contratos públicos con un «posible trato de favor», en opinión de la juez, «como pago» de la financiación. El Ministerio de Medio Ambiente, dirigido entonces por la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, no escatimó esfuerzos presupuestarios para difundir las supuestas excelencias de un proyecto que no cumplió las expectativas de generar «más agua y más barata» que la del derogado trasvase del Ebro. Peritaje En este contexto, un peritaje encargado a la Intervención General de la Administración del Estado por la juez que instruyó la denuncia por la financiación irregular del PSPV-PSOE revela irregularidades en los contratos de servicios de comunicación de las plantas desalinizadoras de Denia y Torrevieja convocados en 2007, que podrían haber constituido delitos de prevaricación o malversación. Ambos fueron adjudicados por Acuamed a Crespo Gomar SL –la agencia de comunicación que contrataron los socialistas valencianos– por importes de 205.000 euros (IVA no incluido) en el caso de Denia y a Publicaciones Miracasa SL (relacionada con Crespo Gomar), por 200.000 euros (IVA no incluido), en el de Torrevieja. El objetivo era elaborar «acciones comunicativas» que, de acuerdo con la expresión literal del auto de la juez, promocionaran las «bondades» de las desaladoras del Programa Agua, la apuesta estrella de Narbona en su etapa de ministra de Medio Ambiente. El auto de inhibición de la magistrada encargada del caso en favor de cuatro juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm explica que «se puede observar cómo se presentaron al concurso empresas del mismo grupo, quienes omitieron dicha circunstancia (pese a estar obligadas a ello por ley), con una clara limitación del principio de concurrencia pública». Además, el peritaje encargado por la juez detectó que días después de estas adjudicaciones realizadas a finales de 2007 se sacaron a concurso otros dos contratos relacionados con la publicidad por importe de 60.000 euros cada uno ellos para las plantas de Denia y Torrevieja. Una circunstancia que, según el auto, revela «un fraccionamiento de la contratación con el claro objetivo de obviar el cumplimiento de la ley, ya que debieron ser licitados conjuntamente al tratarse de acciones comunicativas sobre las bondades de las desalinizadoras». La suma de las adjudicaciones superaba el límite de 211.000 euros que fijaba entonces el artículo 2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además, en la contratación del servicio de organización de eventos y gestión de un local por 60.000 euros «también se presentaron empresas vinculadas a Crespo Gomar SL como Silvia García SL, a quien se le adjudicó uno de ellos», recoge el auto. De confianza En aquella época el director general de Acuamed era Adrián Baltanás, un dirigente de la máxima confianza de Cristina Narbona. De hecho, entre 1991 y 1996 había sido director General de Obras Hidráulicas a las órdenes de la actual presidenta del PSOE en su etapa de secretaria de Estado de Medio Ambiente. En 2004, Narbona volvió a contar con Baltanás para ejecutar el Programa Agua. Por su parte, el director de Relaciones Institucionales de Acuamed en el momento de la adjudicación de los contratos señalados por la juez era Joan Navarro Martínez, antiguo asesor socialista en las Cortes Valencianas y exjefe de gabinete del que fuera ministro de Administraciones Públicas y cabeza de lista del PSOE por la provincia de Castellón, Jordi Sevilla. Baltanás y Navarro dieron el visto bueno a las adjudicaciones a Crespo Gomar. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido, ninguna de estas contrataciones será investigada judicialmente ya que «teniendo en cuenta la firma de los mismos, noviembre y diciembre de 2007, éstos estarían prescritos», según recoge el citado auto judicial. Por contra, la instrucción sigue su recorrido en dos juzgados de Madrid que investigan contratos de los ministerios de Vivienda y de Sanidad del Gobierno de Zapatero. En el primer caso ya hay tres técnicos investigados por los contratos para la publicidad del Plan de Vivienda de 2009-2010 adjudicados por un importe de 126.208 euros a Crespo Gomar. La causa está abierta por los delitos de prevaricación y malversación. La ministra del ramo era entonces Beatriz Corredor. Otro juzgado de Madrid investiga un contrato adjudicado por el Ministerio de Sanidad en 2008 a la agencia del PSPV-PSOE por 184.138 euros. Mientras, el resto de operaciones bajo sospecha se instruyen en sendos juzgados de Gandía y Benidorm. En las diligencias del caso aparecieron indicios de una «clara vinculación» entre esta agencia (así como otras mercantiles ligadas a la misma) y el PSPV. «Como intermediaria para facilitar la financiación de dicho partido (y la del Bloc) percibió fondos de las Administraciones Públicas» gobernadas por los socialistas.
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