Thursday , 20 September 2018

Así es la «Ley Barragán», que prevé en Canarias una Stasi contra la corrupción

El Consejo de Gobierno de Canarias ha trasladado este marzo al Parlamento autonómico la «Ley Barragán» por ser impulsada por el secretario general de Coalición Canaria y consejero regional de Presidencia, José Miguel Barragán. La norma perseguirá hasta final la corrupción con nitidez y pulcritud nórdica. El texto, al que ha tenido acceso ABC, llama a esta nueva herramienta legal como «Reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y buen gobierno». La normativa es dura para aquella gente que esté acostumbrada a trabajar en el sector público canario por su origen territorial antes que por su talento. Los altos cargos pasarán un control de honorabilidad. Su papel dependerá más de sus codos que de los dedos de otros que les designen por cuota insular. Es decir: prima a la gente formada antes que a los que vienen ordenados por el partido que gobierne. En las islas, se ha previsto el fomento de la delación entre los altos cargos y personal de confianza. A la mínima duda, el Gobierno de Canarias tomará medidas con una unidad especializada a modo de Stasi que no requerirá aumento de personal. Ese centro de poder tendrá autonomía. En el Gobierno de Canarias y sector público autonómico, afecta a once personas. 76 altos cargos de confianza sin poder de firma pero que manejan mucha información sensible, se aplica en once organismos autónomos y entidades empresariales, 20 empresas públicas, siete fundaciones, todo el personal eventual de confianza o asesoramiento especial. La agenda de los altos cargos, incluidos de empresas regionales, será pública para desactivar gente tóxica En las empresas públicas del Gobierno de Canarias es donde anda la mayor parte de las irregularidades que se han estado investigado en las islas. Esto se debe a la opacidad con la que operan funcionarios que no han sido altos cargos que se habrían estado beneficiando del escaso conocimieto técnico de políticos que han puesto al frente de ellas. Entre otros aspectos, el Gobierno de Canarias hará accesible la agenda de altos cargos cruzando datos informáticos lo que llevaría a crear en las islas un registro de grupos de interés que actualmente no existe y que afecta, entre otros, a intermediarios chusqueros que andan saltando entre patronales y sindicatos haciendo presión al sector público cuando vienen de terceros. Los denunciantes, protegidos La medida tiene como finalidad «incrementar los niveles de transparencia y de acceso a la información pública, así como fortalecer la integridad de los servidores públicos y los espacios de participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos». Canarias permitir, por tanto que quien quiera influir en una decisión pública se sepa. Los grupos de presión de las islas se sabrán por sus nombres y apellidos siguiendo la idea de luchar contra la corrupción y proteger a los denunciantes. Una medida demandanda por despachos profesionales ante la injerencia de entidades empresariales metidas a consultoras de relaciones sociales y que cobrarían a través de patrocinios. El desarrollo de la norma obligará, previsiblemente, a efectuar modificaciones en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y cambios en la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, que a su vez se ve afectada por una directriz de la UE y que entra en vigor en el segundo semestre de 2018. «Oficina de Infiltrados» El secretario general de Coalición Canaria y consejero de Presidencia de las islas, José Miguel Barragán, ha previsto que la norma establezca su propia «Oficina de Infiltrados» o agencia de integridad moral para defender la integridad de la gente honesta que hay en la Administración canaria. Se llamará Oficina de Intereses de Cargos Públicos y actuará «como órgano al que se le atribuye la gestión, seguimiento y control del cumplimiento de la Ley por parte de los cargos públicos, especificando las competencias que le corresponden en ejercicio de esa responsabilidad». La Stasi anticorrupción del Gobierno de Canarias estará dotada de «autonomía funcional en su ejercicio» para somete «al personal que prestan sus servicios en la misma al deber de reserva, cuyo incumplimiento tiene la consideración de falta muy grave, acompañándose esta previsión con la modificación expresa en tal sentido de la Ley de la Función Pública Canaria, que se realiza en las disposiciones finales de la Ley», dice el texto al que ha tenido acceso ABC. Delación La normativa canaria prevé que cualquier persona pueda denunciar o poner de manifiesto ante la Consejería competente en materia de estatuto de los cargos públicos «la observancia de cualquier irregularidad o infracción» de las obligaciones que se establecen en esta Ley, y, específicamente, «las relativas al régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades de los cargos públicos, y que «la Oficina realice las actuaciones necesarias para su verificación, y, en su caso, para proponer las medidas que sean necesarias al órgano competente, incluida la propuesta de incoación de expediente sancionador».
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