El BSN no podía ignorar el caso de Carlos Arroyo



Ayer fue una jornada intensa en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y no, necesariamente, por lo acontecido dentro del tabloncillo. Fue un día intenso por la resolución emitida por el BSN para suspender por 10 partidos y multar por $8,000 al veterano armador de los Leones de Ponce, Carlos Arroyo, tras una violación al tope salarial de $120,000 en la temporada 2015 cuando militaba con los Cangrejeros de Santurce.

Hay mucho para discutir del caso. Así que iré por partes.

Primero: a principios de este mes, el BSN sorprendió al emitir un comunicado de prensa informando que investigaba a Arroyo por una posible violación al tope salarial. El documento fue enviado en momentos que el organismo llevaba en curso otro caso con Arroyo, relacionado a su participación como accionista con la franquicia de los Cariduros de Fajardo. El apoderado Felo Rivera estaba alegando que Arroyo –como coapoderado- también era responsable de las pérdidas económicas de la temporada 2018, luego de que el canastero reclamara una deuda de $24,000. 

¿Cómo surgió el caso del tope salarial? Resulta que una representación legal de Arroyo sometió una reclamación ante el BSN sobre una deuda de la temporada 2015 que le correspondía pagarla al exapoderado Ariel Rodríguez, quien compró la franquicia para el 2016. Arroyo firmó el contrato de 2015 con el entonces apoderado Angelo Medina. La reclamación, según el BSN, era superior a la cifra del límite salarial para los jugadores nativos con seis temporadas o más de experiencia en la liga de $120,000. Ha trascendido que dicha reclamación llegó a finales del 2018. Arroyo reclamaba una parte del dinero por sus servicios como jugador y otra por un acuerdo en el cual la franquicia tenía el derecho a explotar comercialmente su figura, lo que, según el BSN, no era permitido.

El actual presidente del BSN, Fernando Quiñones, era el director de torneo de aquel entonces y responsable de aprobar los contratos. Como parte del acuerdo con Medina, Rodríguez asumía la deuda del exenebeísta que ascendía a $146,871, según un documento al cual El Nuevo Día tuvo acceso. El documento no detallaba el desglose del contrato. El BSN citó a una vista a Arroyo y su representante legal, José “Picky” Servera, sometió un escrito alegando que la liga no tenía jurisdicción sobre este caso. Quiñones respondió ayer, jueves, declarando no ha lugar la apelación de Servera y entonces el oficial examinador y vicepresidente del BSN, Lee Sepulvado, emitió la sanción al jugador, una hora antes del partido de los Leones ante San Germán. Quiñones dijo que le dio al canastero la oportunidad de presentar evidencia sobre el caso y nunca lo hizo. 

El BSN no podía ignorar esta violación al tope salarial, luego de que el mismo Arroyo sometiera evidencia de que había acordado devengar más dinero del permitido. Se la entregó en bandeja de plata. Si violó el tope, había que penalizarlo. No podían pasarlo por alto y máxime cuando el propio canastero les entregó la evidencia. Arroyo ha sido una de las principales figuras deportivas del país en la última década y media, pero al firmar el contrato del organismo, acepta que cumplirá con la reglamentación de la liga y si no lo hace será penalizado como cualquier jugador. Y al estampar su firma en el contrato era claro que el tope era de $120,000. Y hasta el momento, él no ha presentado evidencia para demostrarle al BSN que no violó el tope salarial. Muchas veces he criticado a Quiñones y al BSN por la inconsistencia a la hora de hacer cumplir el reglamento, pero, esta vez, actuaron correctamente. Lo planteo porque, por ejemplo, el apoderado de Fajardo, Felo Rivera, ha incumplido con el reglamento en un más de una ocasión y no fue penalizado. También he sido crítico del tope salarial de $5,000 semanales de los jugadores importados, porque los mismos apoderados saben que lo incumplen. Lo que pasa es que ninguno de ellos se atreve a someter una querella. 

Segundo: la gerencia y demás integrantes de los Leones tienen derecho a reaccionar airados contra el BSN. Si algo el organismo hizo mal en el proceso fue no informarle a los Leones que iban a investigar una posible violación al tope salarial de Arroyo antes de aprobarle el canje desde Fajardo. El BSN falló. Y Ponce, ciertamente, sale perjudicado al perder por 10 juegos a su base titular. Quiñones dijo que esta penalidad conllevaba una suspensión de 20 partidos y que decidieron reducirla a 10 porque el equipo de Ponce no estaba relacionado a la violación. Hay que recordar que Ponce adquirió a Arroyo desde Fajardo por Edwin Ubiles, dos turnos del sorteo de 2022 y la suma de $24,000, días antes del inicio de la temporada. Pero tratar de exigirle al BSN que no suspenda al jugador, no es un reclamo correcto. La gerencia de los Leones sabe muy bien que la reglamentación debe cumplirse y si alguien no lo hace, debe ser sancionado sin importar si fue hace cuatro años, dos años o tres días.

Tercero: la acción del equipo de Ponce de negarse a salir a jugar ante los Atléticos debe ser penalizada por el organismo. Los directivos y jugadores pueden estar en desacuerdo con las decisiones de la liga, pero no pueden faltarle el respeto a la fanaticada como lo hicieron en la Ciudad de las Lomas. Después de todo, sin fanáticos no hay torneo ni empleo. Y no creo que la liga esté atravesando su mejor momento para darse el lujo de permitir este tipo de acción. Los jugadores estaban en la obligación de salir al tabloncillo y ofrecerle un espectáculo a los seguidores que llegaron a la instalación. Una suspensión de un jugador no puede tener más peso que eso. También reconozco que el BSN pudo haberse evitado esa controversia con una notificación de la resolución más temprano en el día, y así darle tiempo al equipo de Ponce de radicar una apelación y permitir la participación de Arroyo hasta que la misma se atendiera en el BSN. Pero tampoco era razón para que el conjunto sureño tomara dicha acción.


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