El fiscal se opone al cierre definitivo de la causa de los falsos yihadistas de Vicálvaro

La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya que se archive la investigación a los dos falsos yihadistas de Vicálvaro, que fueron arrestados en plenas Navidades del 2016, pero rechaza el cierre definitivo de la causa. En un escrito, al que ha accedido ABC, el Ministerio Público se opone al «sobreseimiento libre» solicitado por los dos antiguos investigados y pide mantener una puerta abierta a «la reapertura de las actuaciones», por si se hacen patentes «indicios incriminatorios». El Ministerio Público descarta que existan «indicios suficientes» contra los dos investigados ahora y coincide con el juez en la necesidad de cerrar el caso: el magistrado que dirigió la investigación, Santiago Pedraz, dio carpetazo a la causa el pasado 28 de abril, con un auto de archivo provisional. «Del análisis de los efectos informáticos intervenidos no deriva de forma unívoca la participación de los investigados en actos de autoadoctrinamiento, enaltecimiento o difusión pública de mensajes que pudieran constituir actividades terroristas», explica la Fiscalía en el escrito, en el que pide que se confirme el archivo provisional, un cierre que paraliza temporalmente el proceso pero que permite reabrirlo si es necesario. El archivo «libre» equivale a una sentencia absolutoria y podría permitir a los investigados exigir una indemnización al Estado por los 27 días que pasaron en prisión de forma preventiva, desde el 30 de diciembre al 25 de enero. El juez liberó a los dos detenidos el pasado 25 de enero al alegar que los supuestos indicios de yihadismo se habían «desvanecido». Pedraz concluyó que la principal tesis contra los dos investigados –su supuesto adoctrinamiento por un imán radical en una parcela abandonada en el parque de Valdebernardo, en el sureste de Madrid– no quedó «mínimante acreditada». Pedraz achacó las sospechas al colaborador de la Policía Manuel Mohamed Rodríguez Mniri, el confidente «Lolo», descrito por la Guardia Civil en un informe como «inteligente y manipulador, de personalidad perturbadora». El cierre de la causa también significa que el juez y el fiscal descartan denunciar a este confidente policial por una supuesta acusación o denuncia falsa, a pesar de que Pedraz consideró que «Lolo» mediatizó a los dos detenidos en sus deseos de comprar más armas y que dirigió las negociaciones con un supuesto traficante, otro agente de la Policía encubierto. El magistrado y la Fiscalía no han deducido testimonio contra el confidente de la Policía, una denuncia que hubiera abierto una investigación al agente en la justicia ordinaria. El informe de la Guardia Civil, del 5 de enero, descubrió la forma de ser de «Lolo», que fue interrogado como imputado, y le acusó de aportar «malintencionadamente» elementos incriminatorios contra terceras personas. Entre los indicios orginarios también hay dos vídeos que difundieron los arrestados, en uno de los cuales aparecían con un kalashnikov (que no se ha demostrado que sea real), mientras lanzaban consignas como «Vais a morir todos» o «Por la gloria de Allah». En otro aparecía una escena de la madrileña Puerta del Sol y luego el escudo de Daesh, los terroristas del autodenominado Estado Islámico. El magistrado, en el auto en el que liberó a los dos arrestados (Edrissa Ceesay y Samir Sennouni), explicó que este material tampoco responde «a la tipología yihadista». En la operación, los agentes incautaron cinco cargadores vacíos de arma larga, una funda de arma larga y 37 cartuchos del calibre 7,62 mm, el que necesita el kalashnikov, el fusil de guerra empleado habitualmente por los «lobos solitarios» del yihadismo. Los investigadores no han descubierto quien adquirió las armas y las escondió en «la cabaña», la parcela de Valdebernardo donde se reunían, y el juez ha rechazado enviar este hilo de la investigación –la tenencia de armas– para que la investigue otro juzgado. En el material hallado, los cargadores y cartuchos, no se han encontrado «huellas ni restos orgánicos» que desvelen un ADN que permita llegar a algún investigado, argumenta la Fiscalía.
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