El Parlamento balear aprueba la Ley de Memoria Democrática

El pleno ordinario celebrado este martes en el Parlamento balear ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, que entre otras iniciativas prevé la retirada de símbolos del franquismo en todo el Archipiélago y aboga por la anulación de las sentencias de carácter político dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura posterior. Asimismo, dicha ley contempla la creación de «itinerarios de la memoria» y la redacción de un censo de símbolos franquistas, en el plazo de un año. La designación oficial que dará nombre a todo el texto será finalmente la de Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos, tras haberse aceptado una enmienda del PP en ese sentido. La nueva norma autonómica ha contado con el voto a favor del PSOE, MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos, que fueron las formaciones que hace un año presentaron la proposición de ley hoy finalmente aprobada. Por lo que respecta a los partidos de la oposición, PP, Cs y PI, han votado a favor o se han abstenido en la mayoría del articulado, después de que hubieran sido aceptadas la mayor parte de sus enmiendas. Hace un año, tanto el PP como Cs votaron en contra de la admisión a trámite de dicha ley, al considerar que el texto originario era «parcial» y que sólo tenía en cuenta las víctimas de uno de los dos bandos de la Guerra Civil. Sin embargo, el proceso de tramitación de la citada proposición a lo largo de los últimos doce meses permitió acercar posiciones entre el tripartito y las formaciones de la oposición. El desacuerdo principal, que tampoco se ha resuelto hoy, ha estado vinculado al régimen sancionador, que prevé multas de hasta 150.000 euros en caso de que no sea atendida la retirada de símbolos franquistas exigida por el Govern. Ley de Fosas La nueva ley complementa, según el tripartito, la denominada Ley de Fosas, aprobada por unanimidad por el Parlamento balear en mayo de 2016. La denominación definitiva del texto pasó a ser la de Ley para la recuperación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo. El cambio de nombre, propuesto por el PP, fue aceptado por todos los grupos. La Ley de Fosas fue la primera norma legislativa aprobada por unanimidad desde el inicio del actual mandato. Dicha ley estableció que el Gobierno balear se encargaría de la localización e identificación de las aproximadamente 2.000 personas desaparecidas en el Archipiélago durante la Guerra Civil y el franquismo. En los casos en que fuese posible, se procedería también a la recuperación de sus restos. Además, en colaboración con los ayuntamientos y los consejos insulares, la ley indicaba que se protegerían y se preservarían «las fosas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista». Precisamente, este mes de marzo el Gobierno balear presentó ante la Fiscalía, a través de la Abogacía de la Comunidad, una denuncia relativa a 52 asesinatos cometidos en Mallorca en los primeros meses de la Guerra Civil, en concreto entre agosto de 1936 y marzo de 1937. El Ejecutivo de Armengol consideraba en su denuncia que en este caso debía investigarse la comisión de posibles crímenes contra la humanidad, «de naturaleza imprescriptible y efectos permanentes». El escrito recordaba que en junio de 2014 fueron exhumados tres cuerpos en la fosa común del cementerio del municipio de Sant Joan, mientras que en noviembre de 2016 fueron exhumados 49 cuerpos en ocho de las nueve fosas del cementerio de la localidad de Porreres. Por su parte, el fiscal superior de Baleares, Bartomeu Barceló, explicó la pasada semana que, en principio, el Ministerio Público no investigará los crímenes cometidos en la isla durante la Guerra Civil, ya que tanto la denominada Ley de Amnistía —de 1977— como la jurisprudencia existente hasta ahora en España en relación a los crímentes cometidos entre 1936 y 1939, hacen inviable que puedan prosperar denuncias como la presentada ahora por el Gobierno autonómico.
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