Thursday , 20 September 2018

El PP pide paralizar la auditoría de ciberseguridad por el caso Bicimad

El Grupo Municipal Popular, con José Luis Martínez-Almeida a la cabeza, instó ayer al presidente de la comisión de investigación de Bicimad, Ignacio de Benito (PSOE), a que suspenda el contrato menor de auditoría de ciberseguridad que la EMT ha adjudicado la semana pasada. Entienden los populares que así se puede «evitar la posible pérdida de determinada información que pudiera ser esencial para el buen fin de la comisión». Ésta se constituyó ayer y ha sido creada por acuerdo del Pleno el pasado 31 de enero para determinar si se han producido irregularidades en la cesión del servicio de Bicimad a la EMT. El 6 de marzo se celebrará la primera sesión, una semana más tarde de lo previsto debido a la falta de colaboración por parte de Ahora Madrid para aportar la documentación acerca del proceso de compra que le ha requerido la oposición. El portavoz de Medio Ambiente y Movilidad en el PP, Álvaro González, con este mismo cargo en el órgano creado para el caso Bicimad, trató de incluir la petición ayer en el consejo de administración de la EMT a través del apartado de ruegos y preguntas del orden del día. Se lo denegaron. Hoy mismo pasará la solicitud por registro en la empresa pública. Además de estas dos vías, los populares analizan en estos momentos solicitar esta misma medida a la jueza que instruye el caso Bicimad, la titular del Juzgado número 52 de Madrid, Belén Sánchez Hernández, para que paralice de forma cautelar el servicio que ya ha sido adjudicado. El pasado 16 de febrero, la magistrada admitió a trámite la querella del PP contra Inés Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, al ver posibles delitos de malversación en el proceso de cesión al Ayuntamiento de Madrid. Empresa «en nómina» El contrato de ciberseguridad de la EMT se sacó a concurso el pasado 6 de febrero y el plazo para la presentación de ofertas culminaba dos días después. La empresa pública buscaba un ingeniero informático o de telecomunicaciones con 15 años de experiencia en servicios de «hacking ético» (encontrar fallos en la red, entre otras misiones) para realizar un «servicio de auditoría de ciberseguridad». Pedía «realizar cuantas tareas» fueran necesarias para «identificar y/o evidenciar cualquier proceso o código malicioso que se esté ejecutando» en dos equipos informáticos con sistema operativo MacOs, en otros dos con Windows7 y un teléfono móvil Iphone. Fuentes expertas de la informática señalaron a ABC cuando dio a conocer este contrato que una ciberauditoría de seguridad se suele llevar a a cabo sobre todo el sistema de una empresa y no cuatro ordenadores y un móvil. La EMTadjudicó el servicio, por 8.000 euros, a la empresa vasca Integrated Technology Systems S. L. el pasado 15 de febrero. Será esta sociedad la que durante 20 jornadas de trabajo se dedique a desempeñar las labores que hayan estipulado. Esta entidad ya es conocida para el Ayuntamiento de Manuela Carmena, ya que trabaja para la EMT. En noviembre de 2015 se licitó la adquisición, implantación, mantenimiento y soporte de una plataforma de protección «antimalware» para los servidores, puestos cliente y dispositivos móviles de la EMT. En febrero de 2016 le adjudicó el servicio por 119.255 euros, con una modificación máxima del 10%, y una duración de cuatro años desde la formalización del contrato.
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