Wednesday , 25 April 2018

El proceso independentista ilegal se desmorona ante la solidez de la Justicia

El proceso independentista ilegal se ha desmoronado ante la solidez de la Justicia. Paso a paso, a diferente velocidad, los líderes del plan secesionista han dado marcha atrás y han renunciado a la vía unilateral para la independencia, una actuación que les ha llevado a los tribunales y a prisión. Los últimos en recular, ayer, fueron el exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, y los agitadores del independentismo en las calles Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Los tres –los únicos junto a Oriol Junqueras que continúan en prisión preventiva– declararon a petición propia ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que les investiga por rebelión. En el Alto Tribunal, los tres investigados asumieron el marco constitucional y reconocieron que la única forma de lograr la independencia de Cataluña es a través de un acuerdo con el Estado. Forn llegó incluso a adelantar que no aceptará un cargo de consejero si se lo ofrecen en el nuevo gobierno catalán, y que renunciaría a su escaño si la Generalitat persiste en la vía unilateral, según informaron fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios. Horas antes, una de las protagonistas del procés, Carme Forcadell –diputada de ERC e imputada por rebelión– anunciaba que no se postulará para volver a presidir el Parlamento catalán, el cargo desde el que impulsó la aprobación de las leyes de la ruptura, anuladas por el Tribunal Constitucional (TC). Hace unos días, el exconsejero de la Generalitat Carles Mundó renunció a su acta de diputado y dejó la actividad política «por cuestiones personales», según manifestó. También investigado por el Supremo, Mundó era uno de los activos políticos de ERC. Parálisis total de los actores principales del procés ante la firme respuesta judicial. Forcadell reconoció ayer que su situación personal procesal había influido en la decisión anunciada y señaló el camino para Carles Puigdemont, que continúa en Bélgica huido de la Justicia: «El próximo presidente del Parlament debe ser una nueva figura libre de procesos judiciales». De todas formas, la todavía presidenta del Parlament, en tanto que presidenta de la Diputación Permanente, advirtió de que no dejaba la política y que seguirá como diputada de ERC. Lo dijo en una emotiva rueda de prensa ataviada con un mapa de Cataluña como colgante y el lazo amarillo independentista en la solapa de su chaqueta. La estrategia de un plan Sin expresar que renunciaría a su escaño si el independentismo mantiene la vía unilateral en la nueva legislatura, Jordi Sànchez aseguró ayer al juez que se apartaría de las políticas que busquen el enfrentamiento, lo que dejaría en la estacada al fugado Puigdemont si este persevera en el plan ilegal. Según ha podido saber ABC, el antiguo presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) aceptó formar parte de la lista de Junts per Catalunya –encabezada por Puigdemont y de la que Sánchez es número dos– porque su programa no apoyaba las vías unilaterales, sino la defensa de la independencia por los cauces legales. Según las mismas fuentes, Sànchez siempre ha apostado por las vías dialogadas para lograr la independencia catalana, un posicionamiento que le costó el reproche de la parroquia independentista, lo que trató de hacer valer ayer en el tribunal a través de la exhibición de antiguas entrevistas con los medios. En su declaración, en la que pidió de viva voz ser liberado, Sànchez reconoció que el independentismo contó con una hoja de ruta secesionista desde febrero de 2015, un plan que compartían las asociaciones civiles de la ANC y Òmnium, y los partidos políticos de ERC y la antigua Convergència. El juez investiga por este plan, que vulneró las resoluciones del TC, a 28 líderes independentistas, a quienes imputa los delitos de rebelión, o sedición, y malversación de caudales públicos. Con más contundencia que Sànchez se expresó el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, su compañero en las movilizaciones callejeras. Cuixart admitió ante el juez que el único referéndum independentista que tendría efectos legales «sería el que convocase el Estado», reconociendo la falta de validez del 1-O. Aun así, el líder de Òmnium confesó que llamaron a la convocatoria de los militantes independentistas a sabiendas de que la votación no era legal. La ilegalidad del referéndum también la admitió Forn, quien aseguró que hay que reconsiderar la estrategia independentista. El antiguo consejero de Interior expresó su respeto a la Constitución y no descartó que la solución se encuentre dentro de una reforma de la Carta Magna, según fuentes presentes en su comparecencia. Los abogados de la acusación popular ejercida por Vox advirtieron una gran novedad en la declaración de los investigados: que por primera vez han admitido la ilegalidad de algunos de sus actos y el ejercicio de la violencia o al menos del vandalismo, siempre según la interpretación de estos letrados. Vox considera que no existe ningún motivo que justifique la liberación de Forn y «los Jordis», que fueron encarcelados de forma preventiva para evitar el riesgo de reiteración delictiva.
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