Funcionario de la Casa Blanca alega que la corrupción del gobierno de Ricardo Rosselló detuvo las ayudas



Washington – Bajo fuego de un líder demócrata, el director interino de la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB) de la Casa Blanca, Russ Vought, alegó hoy que la decisión de frenar fondos de emergencia a Puerto Rico, tras el huracán María, estuvo vinculada a los actos de corrupción que considera provocaron la renuncia del Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación.

“No queremos que este dinero se desperdicie, queremos que realmente ayude a la gente de Puerto Rico, queremos asegurarnos de que no lo reciban en una suma global que abrume su sistema político”, dijo Vought, en medio del interrogatorio del presidente del subcomité de Asignaciones que supervisa el Departamento de Vivienda federal (HUD), el congresista demócrata David Price (Carolina del Norte).

Price intentó continuamente que Vought precisara cuál es la autoridad en ley por la cual OMB advirtió por meses a HUD que ni siquiera solicitara la autorización para desembolsarle al gobierno de Puerto Rico miles de millones de dólares en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

Vought aludió a la “rampante corrupción” en Puerto Rico, pero no pudo ofrecerle a Price la autoridad que tiene OMB para ordenarle a HUD que no entregue fondos asignados por el Congreso, que se convirtieron en ley.

“No le estoy pidiendo su juicio político personal sobre el gobierno de Puerto Rico”, sino la autoridad en ley para ordenar frenar fondos, insistió Price, en una audiencia del Comité de Presupuesto, al indicar que no se ha ndemostrado actos de corrupción del Departamento de Vivienda de la Isla en el manejo de los fondos CDBG-DR.

Por entender que no recibió respuesta en la audiencia de hoy, Price reclamó a Vought que presente por escrito su explicación.

El congresista demócrata recordó que en octubre pasado, altos funcionarios de HUD le indicaron que OMB pidió frenar el dinero y que el gobierno de Trump obvió conscientemente una orden del Congreso para que publicara en septiembre pasado las guías sobre el uso de $8,285 millones en fondos CDBG-DR asignados a Puerto Rico para proyectos de mitigación, después del huracán María.

Las guías fueron publicadas en enero pasado, acompañadas por nuevas restricciones y controles.

Rosselló Nevares renunció a su puesto el pasado 2 de agosto en medio de multitudinarias protestas por la divulgación de un chat de Telegram en la que junto a colaboradores cercanos se burló de amplios sectores del país, en momentos en que, además, se presentaban actos de corrupción contra altos funcionarios y contratistas del Departamento de Educación y la Administración de Seguros de Salud (ASES).

El pasado viernes, once legisladores federales demócratas – encabezados por la senadora Elizabeth Warren-, reclamaron una investigación formal para determinar si el presidente Donald Trump, como ocurrió con el caso de Ucrania que generó el juicio político en su contra, violó la ley que prohíbe la confiscación de asignaciones hechas por el Congreso al frenar los fondos CDBG-DR.

Poco antes de Trump ser absuelto por el Senado de los dos cargos de destitución en su contra, la Oficina de Contraloría General (GAO) determinó que al bloquear $391 millones en asistencia militar a Ucrania, en busca de que el gobierno de ese país anunciara investigaciones en contra de los demócratas, el presidente de EE.UU. sustituyó sus “prioridades” por las del Congreso.

Los 11 demócratas que firman la petición a la Oficina del Inspector General (OID) de HUD consideran que una situación similar se ha dado con el freno en los fondos CDBG-DR prometidos a la Isla tras el huracán María, que totalizan cerca de $20,500 millones, pero de los que solo se han hecho disponibles unos $1,507 millones.

“En lugar de retrasos legítimos del proceso o condiciones impuestas por el Congreso, estos retrasos (en los fondos CDBG-DR), exclusivos de Puerto Rico, parecen reflejar las preferencias y prejuicios de política pública personal del presidente Trump contra Puerto Rico”, indicaron los legisladores federales demócratas en su carta al Inspector General de HUD, Rae Oliver Davis, con fecha del 7 de febrero.


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