Sunday , 17 December 2017
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Impuestos o pensiones

El sistema de pensiones se enfrenta a un problema de sostenibilidad en el corto plazo y de suficiencia en el medio y largo plazo. El problema de sostenibilidad se deriva de que en los últimos años el sistema ha tenido déficits crecientes que se han estabilizado alrededor del 1,5% del PIB. Si no se hace nada en los próximos años lo más probable es que haya simultáneamente una pérdida de capacidad adquisitiva de los pensionistas y un déficit del sistema. Este déficit, puede financiarse temporalmente con endeudamiento y los restos del Fondo de Reserva. Pero antes que después será necesario elegir entre dar más recursos al sistema o reducir aún más las pensiones. El problema de suficiencia se deriva de la reducción de las pensiones que comenzó con la reforma de 2011 y se profundizó y automatizó en la de 2013 cuando se crearon dos factores de reducción automática. Primero, un factor de sostenibilidad que reduce las pensiones iniciales a medida que aumenta la esperanza de vida de las generaciones. Segundo, un índice de revalorización de las pensiones (IRP) que se aplica a las pensiones vigentes y las aumenta menos cuando hay más déficit. Según todas las estimaciones, el IRP implica que durante muchos años las pensiones van a crecer muy por debajo de la inflación. Como resultado, cuanto más viva un pensionista será más pobre y al final de su vida puede tener una pensión un 30% más baja (en términos reales) que cuando se jubiló. Si a esto añadimos otros recortes previstos, las reformas de los últimos años implican en el medio y largo plazo reducciones de la pensión media de en torno al 35% en relación a cualquier indicador relevante. Crear empleo y que los salarios suban minorará la magnitud de los problemas, pero es muy improbable en el corto plazo e imposible en el largo plazo que los resuelva. La sociedad se enfrenta, entonces, a una elección. Reducir las pensiones o dar más recursos al sistema. La primera opción presupone que los jubilados no tienen derecho a ninguna garantía de pensiones. La segunda implica que las pensiones se paguen parcialmente con impuestos. Supondría pasar de un modelo como el actual en el que los ingresos determinan los gastos a un modelo social en el que los niveles de pensiones decididos colectivamente determinan los ingresos del sistema. «Es necesario recapitalizar (con activos del Estado e impuestos) el Fondo de Reserva»Sin embargo, los impuestos actuales no pueden aportar los recursos necesarios. En 2015, sin cotizaciones, se recaudaron 240.000 millones de euros. Hacer frente a los 50.000 millones que puede costar en el futuro mantener las pensiones a niveles aceptables requería más del 20% de los impuestos. Por ello, para mantener las pensiones es necesaria una reforma fiscal esencial que permita recaudar más y que las cotizaciones también aporten más. La buena nueva es que no se necesitan niveles prohibitivos de impuestos. Incluso recaudando ese dinero adicional, España tendría una presión fiscal por debajo de la UE15. «Hay que restringir las jubilaciones anticipadas y eliminar el factor de sostenibilidad»En suma, la reforma necesaria de las pensiones exige modificar el gasto y el ingreso. En el gasto es ineludible eliminar el IRP y sustituirlo por el índice de precios. Hay que establecer la jubilación a los 67 años para todos, restringir las jubilaciones anticipadas y eliminar el factor de sostenibilidad. También se deben cobrar pensiones con menos de 15 años cotizados y establecer un mínimo garantizado a la tasa de sustitución (ratio pensión/salario). En el ingreso, hay que aumentar la recaudación por cotizaciones subiendo las del trabajador tres puntos y las del empresario un punto. Se deben destopar las cotizaciones (sin aumentar la pensión máxima). En el medio plazo se deben pasar a pensiones cotizaciones que actualmente se dedican a desempleo. Y hay que reducir el fraude en las cotizaciones. Se deben aportar impuestos al sistema. Por un lado, hay que asignar al sistema de pensiones recargos en los impuestos sobre el capital. Por otro, se debe establecer la obligación de pagar con impuestos cualquier déficit del sistema. Finalmente, es necesario recapitalizar (con activos del Estado y con impuestos) el Fondo de Reserva. Debería llegar al 20% del PIB en un plazo de 15 años.
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