Intensifican la presión en el Congreso en torno a los fondos de Medicaid



Washington – Mientras el Congreso negocia aún un acuerdo presupuestario de fin de año, representantes de la industria de la salud y autoridades de la Isla intensifican esta semana su presión en favor de que cualquier medida fiscal que se lleve a votación la semana próxima incluya nuevas asignaciones de Medicaid para Puerto Rico.

Debido a que el legislativo estadounidense tiene previsto suspender sus trabajos a más tardar el próximo viernes – 20 de diciembre-, cualquier decisión sobre el presupuesto tiene que tomarse pronto, quizá este mismo fin de semana.

“Estamos concentrados en completar los 12 proyectos de asignaciones para la fecha de vencimiento del 20 de diciembre. No estamos contemplando otra CR (una resolución que dé continuidad al presupuesto vigente por un corto plazo)”, indicó hoy Evan Hollander, portavoz del Comité de Asignaciones de la Cámara baja federal.

Si el Congreso lograra un acuerdo de última hora sobre todo el presupuesto, las posibilidades de incluir un lenguaje de consenso que asigne a Puerto Rico entre $11,800 millones y $12,000 millones en fondos de Medicaid para cuatro años fiscales federales, crecerán.

Pero, si se tiene que optar por otra resolución temporal (CR) – para evitar un cierre parcial del gobierno federal, pues la resolución actual vence el 20 de diciembre- que extienda básicamente los gastos vigentes hasta principios de 2020, las posibilidades de añadir una cantidad definitiva de fondos de Medicaid para la Isla se reducen.

Entonces, según fuentes del Congreso, las mejores posibilidades para la Isla serían darle continuidad al lenguaje que permite el uso al 100% de los fondos de Medicaid para pagar los servicios en la isla de ese programa y una nueva asignación temporal de algunos meses.

Otra opción que tiene el Congreso es aprobar una resolución que básicamente dé continuidad a todo el presupuesto hasta septiembre, cuando termina el año fiscal estadounidense 2020.

Las discusiones también abarcan los proyectos que buscan reducir el costo de los medicamentos, el tipo de legislación en la que, en el Senado, están los fondos de Medicaid para Puerto Rico y los demás territorios.

Bajo ese escenario, sectores de la industria de la salud tienen hoy y mañana nuevas reuniones con senadores y congresistas.

En una carta enviada el martes al presidente del Comité de Finanzas del Senado, Charles Grassley (Iowa), y al líder de la minoría demócrata en esa comisión, Ron Wyden (Oregón), la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, solicitó que la legislación del Senado que persigue reducir los costos de los medicamentos e incluye hasta $11,869 millones en fondos de Medicaid para Puerto Rico, sea añadida a cualquier proyecto de asignaciones para el año fiscal federal 2020 que se considere este mes.

Elliot Pacheco, vicepresidente de Empresarios por Puerto Rico y dueño de una farmacia, dijo que la industria de la salud prefiere la versión de la Cámara baja, que aseguraría una asignación de $12,000 millones entre 2020 y 2023 e incluye controles sobre el gobierno de la Isla menos duros que los propuestos por el Comité de Finanzas del Senado, tras los casos de corrupción del verano pasado.

En sus mensajes al Congreso, el gobierno de Puerto Rico ha indicado que con el aumento de Medicaid quieren asegurar que más fondos vayan a los pagos de los proveedores, a los hospitales, que se financien las medicinas para los pacientes de hepatitis C, que se cubra el costo para los pacientes “duales” del plan B de Medicare (los que compran un plan Medicare Advantage), y se suba el ingreso mínimo para tener acceso a Medicaid.

“Queremos que esas propuestas se incluyan en el proyecto de ley”, dijo Pacheco a El Nuevo Día, quien asistiría a algunas de las reuniones que ha programado para esta semana la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA).

El presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá, señaló, por su parte, “no tener objeción” a que se incorporen esos requisitos en cualquier legislación federal.

Pero, afirmó que las salvaguardas para proveedores y pacientes pueden incorporarse también en la potencial legislación que se discute en Puerto Ruco para eliminar la Administración de Seguros de Salud (ASES) y colocar el plan de salud del gobierno de la isla directamente bajo la supervisión del Secretario de Salud.

Los fondos de Medicaid financian la mayor parte del plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que tiene el nombre de Vital.

Pacheco destacó, entre otras cosas, la importancia de utilizar las nuevas asignaciones de Medicaid para cubrir el pago que tienen que hacer los beneficiarios duales para financiar la parte B de Medicare, que cubre los servicios médicos ambulatorios.

Un paciente puede pagar hasta $144.60 mensuales por la cubierta de la parte B de Medicare. De poder ser financiado a través de Medicaid, el paciente puede ahorrarse hasta $1,735 anuales y la economía tener una inyección económica de sobre $200 millones.

Pacheco también llamó la atención a la importancia de subir el ingreso mínimo para poder tener acceso a Medicaid. “Una persona que trabaja 40 horas a la semana, con un salario $7.25 por hora, no puede tener acceso a Medicaid en Puerto Rico”, sostuvo.

Los estimados del gobierno de Puerto Rico, además, son que el aumento en los fondos de Medicaid puede representar cerca de $150 millones anuales en dinero que será distribuido entre los proveedores de la salud.


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