Juez declara “inconstitucional” ley que criminaliza ayudar a indocumentados



Denver, Colorado – El juez federal en Kansas Carlos Murguia dictaminó que la ley que criminaliza ayudar a indocumentados o animarlos a ingresar a Estados Unidos es inconstitucional, anulando así casos de personas acusadas de haber ayudado a inmigrantes sin presencia legal en el país.

El fallo de Murguia, emitido este miércoles y difundido hoy, se basa en una opinión de 2018 de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito Federal, con sede en San Francisco, que en un caso similar concluyó que la ley que condena la ayuda a indocumentados infringe los derechos garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución nacional.

Aunque Murguia está fuera del Noveno Distrito (de hecho, pertenece al Décimo Distrito, con sede en Denver), consideró el dictamen de los jueces en San Francisco como un “argumento persuasivo”, por lo cual, además de declarar la inconstitucionalidad de ley cuestionada, anuló las acusaciones de dos indocumentados mexicanos que daban trabajo a otros inmigrantes.

“La corte (de Kansas) adopta el análisis (de la Corte del Noveno Circuito) en su totalidad y está de acuerdo que (la ley ahora vigente) en su apariencia es excesiva bajo la Primera Enmienda”, expresó el magistrado.

De esa manera, José Felipe Hernández-Calvillo y Mauro Papalotzi, que trabajaban para una empresa de construcción en Lawrence, Kansas, colocando paredes de yeso, ya no enfrentan hasta cinco años de prisión por haber ayudado a indocumentados, ni otros cinco años adicionales por haber obtenido “ventajas comerciales y ganancias financieras” del trabajo de ellos.

La decisión judicial, sin embargo, no afecta la orden de deportación contra los dos indocumentados mexicanos.

La ley ahora considerada inconstitucional se usó contra el mexicano Juan Pablo Sánchez-Delgado, residente en O’Neill (Nebraska), arrestado en agosto de 2018 y acusado en marzo de este año de conspirar para ayudar a indocumentados y obtener beneficios financieros.

Sánchez-Delgado podría ser condenado a 10 años de prisión y pagar una multa de hasta $250,000.

La misma ley también se usó contra Sholom Rubashkin, dueño del frigorífico Agriprocessors, en Iowa, donde en mayo de 2008 fueron detenidos casi 400 indocumentados.

Rubashkin había sido sentenciado a 27 años de prisión, pero en diciembre de 2017 el presidente Donald Trump conmutó esa sentencia.

La ley original había sido aprobada por el Congreso federal en 1952 y fue enmendada varias veces.

Se anticipa que el gobierno apelará la decisión de Murguia, por lo que el caso podría llegar a ante la Corte Suprema.


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