Saturday , 16 December 2017
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La fiscal de Pretoria califica de «grosera y palmaria» la corrupción en tres municipios de Barcelona

La fiscal del caso Pretoria ha calificado este martes de «grosera y palmaria» la corrupción urbanística que colonizó tres ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona en la era del ladrillo, entre los años 2001 y 2009. La representante del Ministerio Público, que redujo su petición de pena para dos antiguos altos cargos del Gobierno nacionalista de Jordi Pujol, ha expresado este martes su informe final, su relato definitivo sobre lo sucedido tras haberse practicado todas las pruebas. En su elocución, la fiscal ha explicado a los tres jueces que resolverán el futuro penal de los acusados que no tendrán ninguna dificultad para comprobar «el papel de conseguidor» que ejerció el antiguo diputado del PSC Luis Andrés García, conocido como «Luigi», el cabecilla de la trama corrupta. El Ministerio Público, quien ha denunciado que «Luigi» hacía y deshacía en el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet como si fuera el mismo alcalde, pide para él trece años de cárcel. «Es un hecho público y notorio que los informes técnicos sustentan los concursos y los acusados sabían que debían direccionar estos informes», ha alegado la fiscal, quien evidenció las fechorías de los miembros de la trama Pretoria al exhibir en la vista oral grabaciones que recogían las conversaciones informales entre ellos. Por esta causa, que enjuicia a una trama que pervirtió la actividad urbanística en los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras, serán condenados a dos años de prisión los antiguos gobernantes de la Generalitat de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, antiguos consejeros de Economía y de Presidencia respectivamente. Ambos reconocieron que cobraron comisiones por haber mediado para beneficiar a la red corrupta y admitieron las acusaciones de la Fiscalía, que suavizó su petición para que eviten entrar en la cárcel. Ambos deben abonar sendas multas de 5,83 y 3,24 millones de euros. Alavedra y Prenafeta son acusados por dos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, por lavar las mordidas que obtuvieron gracias a la red corrupta y por utilizar sus contactos políticos para favorecerla. En su informe final, la fiscal ha señalado en la Audiencia Nacional que «todo se sustentó en la influencia que desplegaron (los acusados) sobre los cargos públicos» que se corrompieron. Anticorrupción, quien ha hablado de «ilegalidades clamorosas«, solicita ocho años y cuatro meses de prisión para Bartolomé Muñoz, el antiguo alcalde socialista de Santa Coloma, acusado de permitir que «Luigi» dirigiera el área de urbanismo del consistorio y por participar en la manipulación de una adjudicación pública dentro de la Operación Pallaresa, que tuvo lugar entre 2001 y 2005, según el Ministerio Público. A cambio, Muñoz, concejal de Santa Coloma desde 1983 y alcalde entre 2002 y 2009, recibió una comisión de 1,72 millones de euros y un ático.
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