La oposición dice que los estadistas tocan a una puerta que seguirá cerrada



Washington – Líderes de la oposición política en Puerto Rico prevén que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) terminará legislando en San Juan un referéndum “criollo” estadidad sí o no junto a las elecciones generales de 2020, con el objetivo de incentivar que su militancia salga a votar.

En ese sentido, coinciden en que el nuevo proyecto de status presentado en la Cámara baja federal por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, – tras el descontento con el gobierno del PNP-, persigue ese mismo propósito.

“Siguen tocando una puerta que está cerrada. La comisionada tiene que saber, como sabe la inmensa mayoría del liderato político, incluyendo al PNP, que no hay ambiente en el Congreso para legislación que ni siquiera insinúe que esté dirigida a provocar la admisión de Puerto Rico como estado”, indicó  el historiador Néstor Duprey, a nombre del Movimiento Victoria Ciudadana.

La comisionada González anunció ayer la presentación de su nuevo proyecto pro estadidad, que propone llevar a cabo un referéndum federal estadidad sí o no el 3 de noviembre de 2020. El efecto de esa consulta sería convertir a Puerto Rico, según la legislación, en un territorio incorporado, y dar un plazo de hasta 30 meses, es decir hasta mayo de 2022, para la admisión formal de la isla como estado 51 de EE.UU..

Pero, a la misma vez, González dijo que buscarán que el Departamento de Justicia de EE.UU. – a base de una ley federal que no se ha utilizado-, autorice la papeleta electoral y la campaña educativa de un referéndum dirigido a resolver el status político de la isla, a cambio de una asignación de $2.5 millones.

La comisionada admitió, sin embargo, que con o sin aval federal, del Congreso o del Departamento de Justicia, el gobierno del PNP legislará una consulta estadidad sí o no para el 3 de noviembre del año próximo.

“Es un intento desesperado de aparentar movimiento sin dar un paso. Es una carnada,  quieren mantener la esperanza en sus huestes para que salgan a votar. Es también un giro en el PNP, que siempre rechazó la posibilidad del territorio incorporado, que es la colonia con cadena larga, con contribuciones y sin derechos políticos”, afirmó el senador y secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

Para el precandidato a comisionado residente en Washington por el Partido Popular Democrático (PPD) Juan Carlos Albors, “el proyecto de la comisionada es un salto al vacío de la incorporación y las contribuciones federales, sin obtener nada a cambio”.

Dalmau y Duprey indicaron que sus organizaciones políticas aguardarán a ver la legislación que presente el PNP antes de tomar posición sobre un referéndum.

El PIP ha indicado que la consulta, como se propuso inicialmente en 2017, debe ser estadidad versus soberanía nacional, mientras que el Movimiento Victoria Ciudadana propone una Asamblea Constitucional de Status.

“Históricamente el mecanismo del plebiscito ha fracasado. El mecanismo de la Asamblea Constitucional de Status es más participativo y podría vincular efectivamente, en un proceso de negociación, al Ejecutivo y el Legislativo federal”, señaló Duprey.

En entrevista en el programa Sobre la Mesa (Radio Isla), el profesor de Derecho y excandidato del PPD a comisionado residente en Washington Rafael Cox Alomar, consideró que el proyecto de González falla en precisar cómo se implantarán las contribuciones sobre ingresos y se enfrentaría – por el período de espera de 30 meses-, al argumento de que un Congreso no puede obligar a otro.

“Con este proyecto de ley el Congreso se verá forzado a actuar de manera inmediata”, dijo, por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes y vicepresidente del PNP, Carlos “Johnny” Méndez, al respaldar la medida de González.


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