Los fondos de emergencia de Medicaid dejaron de estar disponibles en septiembre



Washington – Los $235 millones que sobraron de la asignación de $4,800 millones en fondos de emergencia de Medicaid, que se pensó ayudarían al gobierno de Puerto Rico a financiar su plan de salud por lo menos durante el mes de octubre, nunca pudieron utilizarse.

Contrario a lo que anunciaron las autoridades de la isla, el lenguaje de la ley temporal de presupuesto que ha permitido al gobierno de Puerto Rico continuar utilizando hasta el 21 de noviembre el 100% de dinero federal de Medicaid para financiar el plan de salud gubernamental, no autorizó extender el uso de los $4,800 millones asignados a principios de 2018 después de la catástrofe causada por el huracán María.

La directora interina de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Yolanda García, indicó a El Nuevo Día que desde el 1 de octubre dependen del remanente de $586 millones en fondos de la ley Obamacare, que, de todos modos, vencen el 31 de diciembre y tampoco podrán invertirse en su totalidad. 

García calcula que cuando llegue el final del año, no podrán haber hecho uso de unos $40 millones de las asignaciones de Medicaid que autorizó Obamacare.

De cara a 2020, sin embargo, las cosas no han cambiado.

García ha reafirmado -desde la semana pasada- que sin nuevas asignaciones del gobierno federal, los fondos de Medicaid se agotarán en su totalidad en marzo, creando un abismo inmediato de cientos de millones de dólares para este año fiscal puertorriqueño que termina en junio de 2020. El precipicio fiscal es aún más grande para el año fiscal federal, que culmina en septiembre de 2020.

En momentos en que el liderato del Senado y la Cámara baja federal negocian la extensión de la resolución temporal de presupuesto, que expira el 21 de septiembre, sigue en el limbo una nueva asignación de fondos de Medicaid.

No solo están las diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes en torno al nivel de las asignaciones, sino sobre las medidas de control que deben imponérsele al gobierno de Puerto Rico después de los cargos por corrupción de julio pasado que involucraron a la ex directora de ASES Ángela Ávila y los contratistas Fernando Scherrer, entonces director gerente de BDO, y Alberto Velázquez Piñol.

El líder de la mayoría demócrata de la Cámara baja, Steny Hoyer (Maryland) ha indicado que espera que una próxima resolución temporal extienda la semana próxima el presupuesto federal vigente por lo menos hasta mediados de diciembre. 

Se prevé que la resolución incluirá algún lenguaje sobre Medicaid y los territorios, pero puede que solo sea para, como la vigente, mantener la aportación federal por servicio de Medicaid en un 100%.

Por ley permanente, el gobierno federal limita las asignaciones de Medicaid a Puerto Rico a unos $375 millones anuales y al 55% la aportación estadounidense por servicio prestado.

Desde principios de 2018, tras la catástrofe causada por el huracán María, el gobierno federal ha financiado a un 100% el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, a través de la asignación de emergencia de $4,800 millones.

Esos fondos dejaron de estar disponibles el 1 de octubre, cuando aún quedaban $235 millones, según ASES.

Aunque los fondos de emergencia se utilizaron a un ritmo de $217 millones mensuales, y quedan $586 millones de Obamacare, la directora interina de ASES considera que los fondos remanentes de la ley suscrita por el entonces presidente Barack Obama permitirán al gobierno de Puerto Rico financiar el plan de salud de la isla hasta diciembre.

Si no hay una nueva partida de fondos de Medicaid, entonces le quedarán al gobierno de Puerto Rico $375.1 millones que se otorgan por la ley permanente, más $86.2 millones del plan federal de salud infantil (CHIP) y $59.37 millones del programa “Enhanced Allotment Plan” (EAP), indicó García, en una declaración.

Es decir que a partir de enero, para un programa que ha costado un promedio de $217 millones mensuales, le quedarán al gobierno de la isla, en fondos federales, $520 millones.


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