Rajoy pone fin a la tregua por Cataluña y amaga con pedir dimisiones a Rajoy por el 1-O

Albert Rivera rompió ayer la tregua política que PP, PSOE y Ciudadanos mantenían desde el verano para sacar la crisis institucional en Cataluña fuera de la gresca partidista. En la primera sesión de control del año en el Congreso, el líder de Cs dirigió su artillería pesada responsabilizándo al Gobierno de no haber hecho lo suficiente para evitar el el referéndum del 1-O y le reprochó que tal vez la Generalitat logró sortear los controles de la intervención para destinar recursos públicos a la consulta ilegal. Era su primer cara a cara entre ambos desde la victoria electoral de Cs en Cataluña y desde que las encuestas apuntan a un posible «sorpasso» de la formación naranja, y Rivera y Rajoy escenificaron su guerra abierta por el votante de centro-derecha. Rivera se hizo eco en el Pleno de las sospechas del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona respecto a que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sirvió para pagar «todo o parte» de los costes del referéndum del 1 de octubre. Rajoy lo negó tajante y garantizó que «ni un céntimo» de esta herramienta financiera a las autonomías se dedicó al 1-O. Y ello porque, según explicó, el dinero del FLA no se entrega a las comunidades, sino que éstas presentan al Gobierno las facturas que tienen pendientes y es Hacienda quien las abona directamente. «El Gobierno no paga facturas para el referéndum al que ha hecho referencia», zanjó Rajoy. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acrecentó poco después las dudas al admitir en una charla informal con los periodistas que la Generalitat pudo haber pasado «facturas falsas» que no detectó la intervención de Hacienda. El Gobierno, que se personará en la causa por presunta malversación en los preparativos del 1-O, reconoció así su desconcierto. Hacienda rastreará las facturas por las que el juez sospecha que se pudo costear la consulta. Montoro defendió la labor de la intervención en Cataluña desde 2015, más intensa a partir de septiembre, pero describió los mecanismos de pago entre administraciones como un «circuito complejo» en el que median empresas, varios departamentos de una misma consejería y la intervención general. Yconcedió que tal vez la Generalitat, en uno de esos pagos, le hubiera emitido facturas falsas para engañarles. «Puede ocurrir», dijo. «No se equivoque de adversarios» Rivera atacó ese posible agujero en el control financiero del Gobierno, que se suma a la incapacidad de localizar las urnas de plástico utilizadas el 1-O. Cs se reservará pedir «dimisiones» al Ejecutivo. «Si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al referéndum, ¿quién va a dimitir de su Gobierno?», inquirió Rivera. Rajoy se revolvió irritado contra el que fue su socio de investidura pero que hoy es, sobre todo, su rival político. «No se equivoque de adversarios», le advirtió pesaroso de que Cs centre sus críticas ahora en el Gobierno de España en lugar de en los independentistas. Queda claro que el desafío catalán, principal pegamento entre ambas formaciones, empieza a perder adhesivo. También fue tenso el lance entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz de ERC, Joan Tardà, a cuenta del proceso separatista, aunque la tensión llegó a su punto álgido con la portavoz de Podemos, Irene Montero, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Le preguntaba Montero sobre la brecha salarial de las mujeres y acabó atacando fuera de micrófono a Báñez con un «¡no tienes vergüenza!» por recordarle la ministra que su jefe, Pablo Iglesias, no está para dar lecciones por burlarse de una periodista. Cs marca su perfil más duro dando portazo a la subcomisión de Justicia Tras su victoria electoral en Cataluña el 21 de diciembre Ciudadnos advirtió que iba a ser «más exigente» con el PP en el cumplimiento de su acuerdo. Y todos los pasos dados este 2018 van en esa dirección. En estos momentos el partido ha dado marcha atrás en su acuerdo de Presupuestos con el Gobierno y asegura que solo volverá a sentarse a la mesa si dimite la senadora Pilar Barreiro, imputada en el Caso Púnica. Ayer daba un paso más en la confrontación al decidir abandonar la subcomisión del Pacto por la Justicia acusando al PP y al PSOE de no querer despolitizar la Justicia. «Ciudadanos no va a estar en un pacto ni seguir reuniéndose en esa subcomisión cuando lo que se busca no es un pacto para despolitizar la Justicia sino un pacto contra la Justicia», señaló José Ignacio Prendes. Es la primera vez que Ciudadanos abandona un espacio de trabajo institucional. La formación de Rivera lo explica por la negativa de los dos grandes partidos a «perder el control» sobre los vocales del Consejo General del Poder Judicial y sobre la designación del Fiscal General de Estado. «Si llegas a un punto en que no vas a firmar el pacto no sé si tienes mucho sentido seguir ahí», justificaban ayer desde la dirección de Ciudadanos.
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