Sin acuerdo en el caso de afiliaciones a la Federación Puertorriqueña de Voleibol



La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) y las ocho organizaciones deportivas que demandaron a este ente federativo deberán regresar al tribunal el próximo 9 de abril, luego que hoy no lograran llegar a un acuerdo en el caso que busca determinar cuál es el organismo encargado de regular el deporte de base en la isla.

El tranque surgió luego que los demandantes pidieran al tribunal que el acuerdo al que se llegó en la vista previa de enero se extendiera para proteger la celebración de la Copita TVA y el Jeep Volleyball Championship, que están calendarizados para celebrarse en mayo y junio, respectivamente.

En esa vista del 10 de enero, el magistrado Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, propuso un acuerdo que fue aprobado por las partes que permitió la celebración del torneo Spring Volleyball Challenge sin que la FPV les impusiera sanciones a los participantes de la competencia. Asimismo, les ordenó a los demandantes a consignar $6,000 al Tribunal, que es la cantidad correspondiente al pago del aval federativo. Esa suma está en poder de la corte mientras se dilucida el caso.

En la argumentación de hoy, la representación legal de la FPV y de las partes interventoras, entre las que estaba el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), insistieron en que era necesario que el caso se viera en su fondo por las implicaciones que una determinación de esta naturaleza podría tener sobre el ordenamiento deportivo imperante en Puerto Rico. Asimismo, expresaron que el asunto de la afiliación a la FPV, tema que es parte de este caso, es un asunto voluntario.

“Lo que ellos (los demandantes) están planteando es que cambiemos el orden. Que los niveles de reglamentación que se producen como consecuencia del reconocimiento de la federación nacional por parte de la federación internacional, sencillamente, se ignoren para beneficios estrictamente económicos”, explicó el licenciado Fernando Olivero Barreto, abogado del Copur.

“Todo esto del aval y de las afiliaciones lo pide la Internacional (la Federación Internacional de Voleibol), que dice que tienes que afiliar y avalar a todos los jugadores”, abundó, por su parte, el abogado de la FPV, José Marxuach.

El letrado insistió que los organismos que se avalan tienen que cumplir con el reglamento federativo, que dice que en los torneos avalados por la Federación solo pueden competir equipos que están afiliados.

Mientras, el abogado de los demandantes, Rubén Lucena Quiles, argumentóque “el gran problema” que tienen con la FPV es que ellos les ponen como condición “que si yo me avalo, yo tengo que obligar a los equipos que no están afiliados a afiliarse para participar en mi torneo”.

“Yo les dije que yo puedo solicitarles que lo hagan, pero yo no puedo obligar a nadie porque esto es de ingreso voluntario”, acotó Lucena Quiles.

El caso que los organismos deportivos incoaron contra la FPV el pasado 28 de diciembre busca que el tribunal dicte una sentencia declaratoria que declare nulos los reglamentos que establecen que esta entidad federativa es la única autorizada para regular la práctica de este deporte en la isla.

De la misma forma, quiere que el juzgado decida que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) es quien único está autorizado para implantar la política pública sobre el deporte de base, según lo dispuesto en la Ley Orgánica del DRD (Ley Núm. 8 de 2004).

En su escrito ante el tribunal, las organizaciones deportivas también expusieron que la FPV ha mantenido un supuesto patrón de amenazas y de sanciones con el fin de lograr la afiliación compulsoria de los clubes privados del país.

Las entidades demandantes son Sports Alternative Puerto Rico, Inc.; Alianza Puertorriqueña de Árbitros, Volley Complex, LLC; Pro Zone Volleyball, Inc.; Club de Voleibol de Humacao, Inc.; Piratas Volleyball Club, Lares Volleyball Club y la Liga Recreativa y Deportiva de la Montaña, Inc.


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