Friday , 20 October 2017

Tráfico descarta el método francés que usará vehículos particulares como radares móviles

Francia tiene un problema de seguridad por las amenazas yihadistas y requiere utilizar a la mayor parte del grueso de la plantilla de gendarmes y policías en tareas de investigación. Así anunció recientemente el ministro del Interior del Gobierno galo, Gérard Collomb, que va a «liberar» a los agentes de otras tareas, como la vigilancia de las infracciones de tráfico y, en particular, del exceso de velocidad de los conductores franceses. Es por ello que instalarán un equipo de radares móviles en una flota de vehículos de empresas privadas. Normandía ha sido la región que ha servido como campo de pruebas, desde el pasado mes de febrero, antes de extender el «plan» de vigilancia a todas carreteras del país vecino. Lo que se ha hecho en la región normanda es colocar radares móviles en la parte delantera de 26 coches y «cazar» a quienes se saltan los límites de velocidad. Las asociaciones de automovilistas francesas no tardaron en saltar ante la noticia, al criticar que se trata de una medida que supondrá la «privatización» del servicio de multas y que solo persigue fines recaudatorios. Pero el Ejecutivo de Emmanuel Marcron se mantiene en sus trece. La razón que esgrimen las autoridades de tráfico es que cuentan con poco personal. Es por ello que el 1 de noviembre cualquier coche particular que los turismos se encuentren «agazapado» a la salida de un municipio, o camuflado en la densidad del tráfico, podrá multar al que pise demasiado el acelerador. Podrán ser también transportistas quienes lleven el medidor en la calandra. Estos vehículos particulares reemplazarán de forma oficial a los que hasta ahora operaba la Gendarmería Nacional francesa, aunque el objetivo lo dejó muy claro Collomb en su intervención: la flota estará conformada por unos 400 vehículos que se diseminarán por todo el territorio. Confidencialidad Los automovilistas franceses no están muy contentos con la iniciativa. Si hasta ahora se conocía que los gendarmes patrullaban con el radar una media de una hora y trece minutos cada día, con el nuevo sistema de vigilancia podrían hacerlo hasta unas seis horas de media por jornada. Se ha llegado a hablar de ocho horas, con el aumento en el volumen de sanciones correspondiente. La flota de los automóviles privados que lleven incorporado el dispositivo firmará un contrato de confidencialidad y tendrá que cubrir un kilometraje concreto en una ruta por GPS cada día. Deberán seguir ese itinerario marcado por el Gobierno a rajatabla, si bien, según han concretado las autoridades francesas, en ningún momento conocerán a cuántos conductores han «capturado» infringiendo las normas de seguridad vial, ni sus identidades o lugares de residencia, ni las multas concernientes. Los «vehículos-radar» no irán identificados de ninguna manera. Preguntada la Dirección General de Tráfico (DGT) por si España podría adoptar el modelo francés, el departamento responde tajante: está descartado y «en ningún momento se ha puesto sobre la mesa». En nuestro país, tanto desde la asociación de Automovilistas Europeos Asociados, como desde el Real Automóvil Club de España (RACE), avalan que esta iniciativa vulneraría el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial, según el cual se reconoce la presunción de veracidad de las sanciones emitidas por los agentes de tráfico, al entenderse que responden a hechos objetivos de seguridad vial sin ningún afán lucrativo ni interés económico. «Si el control de velocidad se externaliza fuera de la Agrupación de Guardia Civil de Tráfico, entonces se vulneraría ese artículo», dicen las entidades de automovilistas. Denuncia avalada La responsable de la asistencia jurídica del RACE, Ángeles de Miguel, observa que el uso de radares en vehículos privados conllevaría una serie de problemas: en primer lugar, el aparato medidor tiene que estar homologado para la función que se pretende, igualmente su correcta colocación en el vehículo. La pregunta que se hace De Miguel es si los medidores en Francia tendrán revisiones anuales como se hace actualmente con los oficiales o cómo se garantizará que los usuarios privados no manipulen estos aparatos a su arbitrio. Según aprecia de Miguel, a la hora de medir la velocidad de otro coche, también podría «interferir» que un vehículo particular concreto circule «en unas circunstancias u otras». Por ejemplo, no es lo mismo que el vehículo esté en circulación o estacionado. Eso «modifica» el resultado de la medición. Para De Miguel, está claro que, en España, «la potestad sancionadora corresponde a la Administración». La abogada dice que en materia de denuncias por infracciones de tráfico la carga de la prueba se invierte respecto del criterio general», que es «quien acusa debe probar». Sin embargo, en materia de tráfico, los agentes de la autoridad (municipales, guardia civil, etc…) tienen presunción de veracidad. Se hace la pregunta entonces de si las denuncias en Francia se considerarían o no denuncias voluntarias al estar instalado el aparato medidor en vehículos privados. «En el caso de ser así los denunciantes no tendrían la presunción de veracidad otorgada a los agentes, lo que significa la obligación de prueba de la acusación», alega. Por último, añde que los radares en vehículos camuflados existen «desde hace tiempo en España, pero siempre en vehículos de la Guardia Civil. De privatizarse este servicio, cuando menos, debiera estar indicado en las normas». Inlcuso, dependiendo de las condiciones podría requerir una modificación de las leyes, apostilla.
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