Tras tres horas de audiencia, Grijalva sigue decidido a enmendar Promesa



Washington – Aunque su contraparte republicano, Rob Bishop (Utah), se desvinculó de los esfuerzos para reformar la ley Promesa, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona) insistió hoy, martes, en promover enmiendas dirigidas a proveer mayor transparencia, proteger servicios esenciales públicos y reducir los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Tras una primera audiencia de casi tres horas sobre el borrador de legislación que ha circulado, con una decena de cambios significativos a la ley Promesa, Grijalva reconoció que levantan ampollas las propuestas para nombrar un coordinador federal para la Reconstrucción y un oficial de Revitalización para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Parece haber bastante apoyo para la idea de auditar la deuda, definir servicios esenciales, impulsar mayor transparencia, evitar conflictos de intereses y cortarle un poco las alas a la JSF”, indicó Grijalva a El Nuevo Día después de un primer día de audiencia pública sobre su anteproyecto de ley.

Los cuatro representantes de la Legislatura de Puerto Rico que declararon ante el comité y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, apoyaron la idea de crear a nivel federal una comisión que tenga la encomienda de auditar la deuda, y que el gobierno federal pague por los gastos de la JSF.

Aunque hubo una oposición general a la idea de nombrar un oficial de Revitalización para la AEE, el principal funcionario financiero del gobierno de Puerto Rico, Omar Marrero, y los legisladores Carmelo Ríos, Eduardo Bhatia, Antonio Soto y Rafael “Tatito” Hernández, dijeron que si el coordinador para la Reconstrucción es simplemente un enlace a nivel del gobierno de Estados Unidos, pueden respaldar la idea.

En su testimonio escrito, la directora de la JSF, Natalie Jaresko, ya había dado su visto bueno a la propuesta de nombrar un coordinador federal para la reconstrucción.

“Si es como está definido en el borrador de legislación, no. Si es para destrancar lo que está pasando aquí en Washington puede ser de ayuda”, dijo el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia.

La alcaldesa Cruz mantuvo su rechazo a una nueva capa federal sobre el proceso de reconstrucción, destacó que Promesa es una “manifestación” de la situación colonial de la isla y reclamó que los alcaldes puedan controlar fondos dirigidos a la recuperación de Puerto Rico, tras la catástrofe causada por el huracán María.

En su ponencia, Cruz sugirió nombrar una especie de comité asesor bajo Promesa con representación de los alcaldes. También afirmó que es clave definir los servicios esenciales públicos que deben ser protegidos en medio del proceso de reestructuración, en momentos en que hay decenas de miles de viviendas con techos temporeros tras el huracán María y decenas de miles de personas sin seguro médico.

Grijalva y un grupo de los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja escucharon en la audiencia a Jaresko, Marrero, la alcaldesa Cruz, el senador Bhatia, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, el representante del PNP Antonio Soto y el portavoz del PPD en la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández.

En medio del testimonio de Jaresko, un manifestante levantó una figura de un buitre, en referencia a los llamados fondos de cobertura que tienen gran parte de la deuda pública de la isla. Otros enarbolaron una bandera de Puerto Rico con las franjas negras. La Policía del Capitolio los exhortó a salir, lo que hicieron sin mayores incidentes.

Aunque originalmente Grijalva convocó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced, desde el viernes se anunció que estaría representada por Marrero, también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Soto declaró a nombre del presidente de la Cámara baja, Carlos “Johnny” Méndez, y Ríos representó al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

En San Juan, la mayoría legislativa del PNP eliminó la comisión de la auditoría de la deuda que fue creada durante la gobernación de Alejandro García Padilla. Pero, Ríos sostuvo que si la comisión se crea a nivel federal, el liderato legislativo del PNP – a lo que abrió la puerta también recientemente la comisionada Jenniffer González-, la respaldará.

Antes de comenzar la sesión, el republicano Bishop – líder de la minoría en el Comité de Recursos Naturales y quien movió en la Cámara baja la legislación que terminó siendo Promesa-, circuló un comunicado de prensa en el que describió como una distracción y un esfuerzo dirigido a buscar titulares la audiencia de ayer.

Durante la audiencia, Bishop reafirmó que no es necesario reformar la ley.

“El proyecto de ley de los demócratas es una distracción que utiliza una crisis compleja para la complacencia trivial…Los demócratas canjean el camino hacia la estabilidad y la estadidad para Puerto Rico por hacer puntos políticos y lograr titulares. La isla y este comité merecen algo mejor”, indicó Bishop, quien luego estuvo en la audiencia para hacer preguntas a Jaresko y Marrero y defender Promesa.

Jaresko también describió en su ponencia como una distracción el borrador de legislación de Grijalva.

El demócrata Grijalva dijo que Bishop puede representar “la mayoría” de los republicanos, “pero no a todos”.

Aunque reconoce que será un proceso difícil, descartó que la posición de Bishop pueda necesariamente representar malos augurios para un proyecto de enmiendas a Promesa en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría 53 a 47.

“Voy a hacer mi trabajo. Él no es un senador, yo tampoco. Él cree que se debe mantener el statu quo, yo no”, dijo Grijalva, al hacer claro que seguirá adelante con sus planes, que incluyen una segunda audiencia el 30 de octubre y llevar un proyecto de ley a votación en comité en diciembre o enero.

En la audiencia, el republicano Tom McClintock (California) – quien se ha opuesto a la estadidad- renovó su rechazo a la ley Promesa, que considera ha creado “un nefasto precedente” y no permite a los electores de Puerto Rico pedirle cuentas a sus gobernantes locales, pues la JSF controla las grandes decisiones fiscales de la Isla.

En ese sentido, el delegado de Guam, Michael San Nicholas, cuestionó a Jaresko si no será contraproducente para promover la inversión en Puerto Rico, que las decisiones de responsabilidad fiscal estén siendo tomadas principalmente por los miembros del ente fiscal, no por el gobierno electo.

Mientras, el también republicano Doug Lamborn (Colorado) criticó la propuesta de enmienda dirigida a cancelar deuda no asegurada, pues piensa le dirá a los inversionistas que en el futuro no pueden confiar en la buena fe de la isla.

Pese a que no percibe el mismo nivel de apoyo bipartidista que hubo para aprobar Promesa, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sostuvo que debe darse una oportunidad para tratar de hacer cambios al estatuto.

En ese sentido, González respaldó medidas dirigidas a una mayor “transparencia y rendición de cuentas”. Hace unos días, abrió la puertaa respaldar una auditoría de la deuda, y ayer reafirmó su apoyo a buscar un lenguaje de consenso para definir los servicios esenciales que deben ser protegidos, como los dedicados a la educación, salud y seguridad pública, así como las pensiones de los jubilados del gobierno.

La comisionada, sin embargo, se opuso a la forma en que está redactado el puesto de coordinador federal para la Reconstrucción y la designación de un oficial de Revitalización solo para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Indicó que debe haber una discusión más profunda sobre el puesto de Oficial de Revitalización de la Infraestructura, antes de proponerse su eliminación, como sugiere el borrador de legislación de Grijalva.

Como Ríos y Soto, González sostuvo que las herramientas para el desarrollo económico de Puerto Rico las proveerá la estadidad.

La alcaldesa Cruz, por su parte, dijo al republicano McClintock que ella promueve la libre determinación de Puerto Rico y que es una “nacional puertorriqueña”. “Mi país es Puerto Rico”, dijo, al abogar por que Puerto Rico pueda tener el poder de suscribir acuerdos internacional, pero a la misma vez pleno acceso a los programas Medicaid y Medicare.

En sus turnos, los demócratas boricuas Nydia Velázquez (Nueva York) y Darren Soto (Florida) – que son miembros del Comité de Recursos Naturales-, expresaron dudas con la idea de crear nuevos puestos federales para supervisar los asuntos de la isla.

Velázquez recordó que tan reciente como la semana pasada, el Departamento de Vivienda federal (HUD) reconoció que ha incumplido con la ley federal que le obligaba a publicar a principios de septiembre las guías sobre el uso de $8,300 millones para proyectos de mitigación del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).

La congresista Velázquez interrogó al secretario de HUD, Ben Carson, en otra audiencia de hoy.

Junto a los poderes de la JSF, hubo mucha discusión sobre cómo definir los servicios esenciales.

Aunque no apoyaron el lenguaje que ha propuesto Grijalva, los legisladores y la alcaldesa Cruz coincidieron con una expresión de Bhatia en el sentido de que “debería ser el gobierno de Puerto Rico quien decida lo que son los servicios esenciales”.

Con respecto a los poderes de la JSF, Marrero insistió en que debe evitarse que el ente fiscal imponga restricciones de gastos específicos una vez aprueba los planes fiscales y el presupuesto, para que no entre a dictar política pública.

“El rol de la JSF debe ser decidir eltamaño del cuarto, no acomodar los muebles”, sostuvo Marrero.

Como hicieron en las ponencias escritas, que fueron reseñadas ayer en El Nuevo Día, Marrero y Jaresko coincidieron en rechazar la creación de una comisión de auditoría de la deuda, cancelar deuda no asegurada, definir los servicios esenciales, nombrar un oficial de Revitalización para la AEE y en que se presuman públicos los documentos referentes a la deuda.

Jaresko insistió en que definir los servicios esenciales le representará mayores escollos a la JSF para hacerle frente a los reclamos de los bonistas.

Defendió, a su vez, la intención de recortar en 8.5% las pensiones de los jubilados del gobierno que ganan más de $1,200 mensuales, pues considera que las normas federales de bancarrota impiden dar “privilegios” alguno de los acreedores.

Hubo consenso en respaldar la potencial enmienda, que surge de un proyecto de Velázquez, para cerrar el hueco que dejó la ley Promesa y asegurar que se evitan conflictos de intereses de los contratistas de la JSF, como se ha denunciado con respecto al principal estratega del ente fiscal, McKinsey.

En la audiencia, el republicano Louis Gohmert (Texas) hizo varias preguntas a Jaresko en busca de conocer qué pudiera saber sobre las alegaciones de sectores conservadores de que el gobierno de Ucrania trató de interferir con las elecciones estadounidenses de 2016.

Jaresko fue ministra de Finanzas de Ucrania antes de ser nombrada directora ejecutiva de la JSF.

En una de las preguntas, Gohmert preguntó si conocía a funcionarios ucranianos que se reunieron en 2016 con miembros del Concilio de Seguridad Nacional del entonces presidente Barack Obama.

Jaresko rechazó tener alguna información sobre ello. Luego, el portavoz republicano, Bishop le pidió excusas por el interrogatorio de Gohmert.

Las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos han cobrado relevancia luego de que se abriera una investigación en la Cámara de Representantes federal para decidir si se pone en marcha un proceso de destitución en contra del presidente Donald Trump, por las denuncias de que buscó frenar asistencia militar al país de Europa del Este a cambio de que se investigara al ex vicepresidente Joseph Biden y su hijo Hunter.


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